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2019-08-14   12:46:54  
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EN EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2020

Hace 25 años el dinero invertido en las elecciones era uno de los principales problemas de la competencia democrática en el país.

 

La desigualdad en el acceso a los recursos públicos y privados, así como la falta de transparencia y de herramientas para que la autoridad electoral siguiera la huella del dinero invertido en la política vulneraba, en esos tiempos, la equidad de las contiendas.

 

Ejemplo de ello, es que, con base en los datos del primer ejercicio de fiscalización de las campañas realizado en el país por el Instituto Federal Electoral respecto de las elecciones celebradas en 1994, un solo partido, el partido entonces gobernante, erogó el 80 por ciento del total de los recursos ejercidos por todas las fuerzas políticas en la contienda presidencial.

 

Claramente en los que las elecciones eran legales, en aquella elección, pero profundamente inequitativas.

 

Transformar esa situación fue una demanda de la sociedad, de los partidos e incluso fue reconocido por el candidato ganador en esos comicios presidenciales.

 

En pocas palabras, nuestra transición a la democracia necesitaba nuevas condiciones para la competencia y, particularmente, un modelo de financiamiento que estableciera un piso parejo para las contiendas comiciales.

 

De ahí la importancia de la Reforma de 1996, en donde se sentaron las bases del financiamiento público que en sus ejes fundamentales todavía hoy están presentes.

 

Dicha reforma, no sólo consolidó la autonomía constitucional de la autoridad electoral, un activo que debemos preservar y excluyó de manera definitiva la intervencióndel gobierno en la organización de las contiendas, sino que fortaleció el modelo mixto de financiamiento de la política.

 

Se estableció, en primer lugar, una fórmula que transparentara, en aquel entonces, la fórmula ha cambiado, la fórmula era distinta, pero la esencia era la misma desde los inicios del proceso electoral el dinero que recibiría cada partido para gastos ordinarios y de campaña.

 

Se establecieron, además, topes para el financiamiento privado renovados y se determinaron las fuentes que podrían aportar lícitamente recursos para las contiendas electorales.

 

Este modelo para financiar la política, vigente en sus grandes ejes hasta la fecha, garantiza el predominio del financiamiento público en las elecciones, inyecta certeza sobre las cantidades de dinero que se podrán ejercer en ellas, sobre la parte fundamental, la del financiamiento público, y de manera especial, ha logrado impedir que los intereses personales o de grupo que gravitan en torno al dinero privado, distorsionen la competencia electoral que por definición debe transitar en condiciones de equidad.

 

Las aportaciones de aquella reforma para el establecimiento de un piso parejo en nuestras elecciones están a la vista de todos. De entonces a la fecha, lo que cambió fue el modelo, la fórmula de cálculo del financiamiento, que en la Reforma de 2007 estableció las coordenadas que, hoy una vez más, la autoridad electoral está aplicando puntualmente, porque es una fórmula, como ustedes saben, establecida en la Constitución.

 

Creo que ha quedado ya bastante claro que los montos que apruebe este Consejo General derivan de la aplicación que esta autoridad electoral debe hacer y no puede dejar de hacer, de una fórmula de cálculo establecida en la Constitución y fijada hoy en la multiplicación del corte a finales de julio, del año del que se trate, delPadrón Electoral, del número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral por un porcentaje de la hoy UMA, es decir, el 65 por ciento.

 

Las aportaciones del financiamiento público a la política son evidentes, como decía. En dos décadas nuestro país ha cambiado significativamente, hemos configurado un sistema de partidos plural y competitivo, se cuenta con un modelo de comunicación política que impide que el dinero determine el acceso a la radio y la televisión, y se ha desarrollado un sistema de fiscalización que ha contribuido a la rendición de cuentas de los partidos y candidatos, al fortalecimiento administrativo de los partidos políticos y que ha inhibido el flujo masivo de manera ilegal que intervenga y distorsione la contienda política.

 

En 20 años, las elecciones en México han ganado credibilidad, se han convertido en una herramienta de la gobernabilidad y garantizan condiciones para que cualquier fuerza política pueda ganar o perder en las urnas.

 

El mapa de la representación así lo indica: todas las fuerzas políticas tienen presencia, han tenido presencia variante en términos porcentuales en los órganos de decisión del Estado Mexicano.

 

Más aún, fenómenos típicos de una democracia como la alternancia, la existencia de gobiernos divididos, se convirtieron en realidades que son determinadas por los electores y nadie más en cada contienda.

 

Un ejemplo de ello, es que entre 2015 y 2019, desde que opera el Sistema Nacional de Elecciones, nuestro país ha vivido el periodo con el mayor índice de alternancias de nuestra historia democrática, así de 36 gubernaturas disputadas, en 23 de ellas se experimentó la alternancia y algo similar ocurre en el ámbito legislativo, tanto federal o local y en el municipal.

 

Hoy el índice de alternancia ronda el 60 por ciento y eso habla de un sistema de partidos vigoroso, fuerte y competitivo.

 

Adicionalmente, quiero destacar que la aplicación de las reglas del juego en materia de financiamiento en este periodo han dejado, al menos, dos lecciones relevantes para el futuro de nuestra democracia:

 

La primera, es que el dinero es indispensable para las campañas pero no es determinante para el triunfo en las urnas; no gana el que gasta más sino el candidato o candidata que conecta mejor con la ciudadanía y recibe su respaldo.

 

La segunda es que haber replicado en las 32 entidades federativas la fórmula constitucional para la definición del financiamiento público ha provocado una multiplicación que, en muchos sentidos, ha sido considerada innecesaria y poco conveniente del dinero que reciben los partidos, es por ello que siempre es bienvenido un debate, y pertinente un debate sobre la política y el dinero, y en particular sobre el financiamiento de los partidos.

 

Eventualmente, por lo que hace a los montos que se destinen a ello, pero también, sobre las reglas de distribución que hoy están fijadas desde 1996, en un 30 por ciento igualitario y en un 70 por ciento proporcional.

 

En democracia siempre es pertinente discutir sobre las reglas, pero, sobre todo, construir los consensos de los que depende la viabilidad del juego democrático.

 

Pero en esta discusión, creo que es importante nunca perder de vista lo central en esta materia, que no es un tema de costos sino de las condiciones de la equidad de la política, no entenderlo así es poner en riesgo lo que hemos construido, no se trata solamente de acordar una cifra para eventualmente fijar, subir, disminuir el monto de financiamiento público que recibe cada año los partidos políticos, se trata de revisar lo que la historia nos ha enseñado en relación con el financiamiento de la política y el pluralismo.

 

Estoy convencido que un sistema democrático debe garantizar que el acceso al financiamiento contribuya a la equidad y no que la distorsione, probablemente, el modelo de financiamiento derivó en excesos con la Reforma de 2014, pero nadie puede negar que ha contribuido a que todos los partidos puedan perder o ganar el poder político en las urnas.

 

Creo que es pertinente siempre escuchar el llamado de la sociedad, pero sin perder de vista la idea fundacional de nuestro sistema electoral: que el futuro de nuestro país como el de cualquier democracia es responsabilidad de mayorías y minorías, y éstas deben construirse a partir de un juego equitativo ante las urnas.

 

Por eso, el proyecto de acuerdo que hoy aprobamos en este punto del orden del día, que tiene que ver, como decía, con un mandato constitucional, debería ser visto, ante todo, como un punto de partida para detonar un debate razonado, sin prisas, sin imposiciones, sobre el modelo de financiamiento que queremos para nuestra democracia en los próximos años y que no nos haga perder lo que se ha construido.

 

Está a su consideración el proyecto de acuerdo.

NTX/IMSS

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