Fotorreportaje
Ayotzinapa, la herida abierta de México

Además de encabezar la lista de entidades más violentas de México, Guerrero es el territorio donde se abrió una herida que aún le duele a los mexicanos: la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.



Fotografía: Acervo Notimex
Texto: Yaremi Escobar





Los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia, estado de Guerrero, 6 personas fueron privadas de la vida y 43 alumnos de la Escuela “Raúl Isidro Burgos”, fueron desaparecidos.






A cinco años de estos sucesos, las líneas de investigación señalan como presuntos responsables a miembros de la delincuencia organizada en contubernio con servidores públicos de los municipios de Iguala y Cocula.






Para la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes se desplegaron elementos de todas las fuerzas federales, se sumaron equipos de inteligencia, binomios caninos, helicópteros, aeronaves de reconocimiento, brigadas de buzos, laboratorios móviles, servicios forenses internacionales y se establecieron recompensas. Nada ha sido suficiente para encontrarlos.






Sus padres han acudido a instancias nacionales e internacionales, y el país entero se ha volcado en una exigencia de búsqueda y entrega con vida. Son cinco años desde aquella noche del 26 de septiembre, cuando una manifestación por mejoras en la educación pública del estado de Guerrero desató la furia de la autoridad en complicidad con la delincuencia organizada.






La llamada “verdad histórica” intentó dar explicaciones a estos hechos asegurando que los alumnos habían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan. De éstos años de investigaciones, análisis y detenciones, la constante es la falta de justicia.






Hoy esa herida, lejos de cerrar, cada día se expone más. Instituciones de justicia han privilegiado el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia de las víctimas. Tan sólo de 2014 a 2018, se detuvieron 142 personas, entre policías de Cocula e Iguala, así como presuntos integrantes de Guerreros Unidos. El 15 de septiembre de este año, fueron liberados 24 detenidos.






"Las sentencias representan una infamia" declaró el actual subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, frente a padres de los normalistas que llevan cinco años viviendo entre la injusticia y la desesperación de no ver a sus hijos.






Aun no se sabe cuándo cicatrizará esta herida, cuándo se esclarecerá la desaparición de los estudiantes. Pero es una oportunidad histórica para que este lamentable hecho establezca las bases para eliminar errores que han permitido dejar en la impunidad actos injustos de abuso de fuerza, delincuencia organizada y corrupción. Sería la mejor forma de conmemorar esa terrible noche en Iguala.