Fotorreportaje
ECUADOR,
entre la inconformidad y la represión



Texto: Yaremi Escobar
Fotografía: Especial




El 1 de octubre, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, anunció en cadena nacional la implementación del Decreto 883 que establece un conjunto de medidas económicas, entre las que destaca la eliminación del subsidio a los combustibles. Esto motivó a la población ecuatoriana a tomar las calles y exigir que se deroguen dichas disposiciones; las respuestas del gobierno han sido: ataques con gases lacrimógenos, detenciones masivas y agresiones frontales contra indígenas y trabajadores.

Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuatro mil millones de dólares para financiamiento se ha señalado como la causa de que en Ecuador se hayan establecido dichas disposiciones, denominadas el “Paquetazo”, ya que incluye futuras reformas económicas y sociales que han despertado la molestia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales.




Han sido días de tensión en el país latinoamericano. Indígenas han llegado desde ciudades del interior del país, los transportistas han hecho paro de labores y los trabajadores han sido agredidos por manifestarse a favor de la derogación de las políticas económicas, laborales, tributarias, financieras y fiscales, ya que aseguran, atentan contra el bienestar del pueblo ecuatoriano.

Desde el gobierno ecuatoriano se habla de diálogo y consensos, siempre y cuando exista respeto en las expresiones de las inconformidades, sin embargo, el estado de excepción establecido, permite al ejecutivo el uso de las Fuerzas Armadas en las calles, cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Así como ya se realizó, trasladar la sede del gobierno a otra región del territorio nacional argumentando malas condiciones de seguridad.




Durante las protestas, estudiantes de Medicina de la Universidad Central del Ecuador han asistido a los afectados y lesionados por las fuerzas del orden. Además, se mantiene una alerta por el desabasto de sangre en los hospitales del país, por lo que se ha tomado la decisión de atender sólo emergencias en los nosocomios.

Además, las clases en escuelas y colegios del país se encuentran suspendidas y un total de 84 vías en 21 provincias presentan cierres por las manifestaciones.




De acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador, se han contabilizado 800 personas detenidas desde que iniciaron las protestas. El mayor número de arrestos se produjo Guayaquil, seguida por Quito. Mientras que la Policía Nacional confirmó que murió un joven de 26 años debido a una caída desde el puente de San Roque.

También se han reportado allanamientos a instalaciones de medios de comunicación, acusados del presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. Inclusive se ha solicitado por el gobierno ecuatoriano, la suspensión “inmediata” de la radioemisora local Pichincha Universidad.




El ministro de Defensa sostuvo que el estado de excepción decretado por el Ejecutivo "está logrando el propósito de restablecer la paz y se ha logrado bajar la intensidad de la violencia".

Por su parte, Mikel Mancisidor, relator para Ecuador del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha mostrado sorprendido con el actuar del gobierno nacional, pues lamenta la suspensión de los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento, al considerar que éstos no amenazan la integridad del Estado.

En su cuenta de twitter, el presidente Lenín Moreno dijo tajantemente: “No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley”. Sin embargo, las disposiciones que firmó por decreto y que representan un incremento del 123 por ciento en la adquisición de combustibles, ya empiezan a cobrar vidas de los mal llamados “inconformes”.